De acuerdo con Open Democracy, la corrupción y la desigualdad que intenta atajar elactual Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, «es un paso en la dirección correcta, aunque el camino no será nada fácil», porque ambos fenómenos arraigaron profundamente bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para cederlo al Partido Acción Nacional (PAN) y, luego con el regreso del tricolor, en un sexenio marcado por escándalos de corrupción en el Gobierno federal del originario de Atlacomulco, Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Open Democracy afirma que la desigualdad en términos de distribución de la riqueza que se vive en México se debe a que se tiene «un sistema en el que la élite económica puede conseguir que se gobierne el país según sus intereses«, a pesar de que la Nación mexicana es la economía número 15 en el mundo.
De acuerdo con esta iniciativa –que busca educar a los ciudadanos para desafiar el poder y alentar el debate democrático en todo el mundo–, el sistema que ha ponderado en México, «tiende a intensificar las desigualdades«, debido a que el poder económico se traduce en poder social y político.
La plataforma global explica que con la alta concentración de las riquezas además se reducen los recursos públicos disponibles para el desarrollo, mientras que los gobiernos se vuelven más pobres.
Los factores que provocarían esta concentración, de acuerdo con el análisis, serían los altos niveles de evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y el uso de paraísos fiscales para ocultar ganancias privadas.
«Por ejemplo, el problema de los paraísos fiscales fue uno de los problemas más graves que aquejaron a nuestro país en 2015: ese año se perdieron 197 mil 150 millones de pesos (14 mil 200 millones de dólares al tipo de cambio promedio de 2015) por evasión fiscal de empresas privadas».
Una base fiscal sólida, asegura Open Democracy, «aumentaría sin duda el volumen de fondos públicos disponibles para un desarrollo sostenible. Pero mientras el Estado mexicano siga cediendo ante los intereses corporativos, habrá pocas probabilidades de que esto llegue a ocurrir».
Además, México debería encontrar la forma de implementar adecuadamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos, añade.
«La actual crisis de derechos humanos en México es síntoma de un sistema que permite que los intereses económicos moldeen la legislación nacional, las regulaciones y las políticas públicas a beneficio propio. La violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos en México se ha descontrolado en los últimos años: 120 periodistas fueron asesinados entre enero del 2000 y octubre de 2018 y, ya en 2017, México era el tercer país más peligroso de América Latina y el cuarto más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Hoy, a sólo tres meses de la toma de posesión del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya han sido asesinados 14 periodistas y activistas».
CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
Open Democracy destaca también que la crisis de derechos humanos que actualmente se vive en México «es síntoma de un sistema que permite que los intereses económicos moldeen la legislación nacional, las regulaciones y las políticas públicas a beneficio propio».
Por ello, agrega la organización, la mayoría de los ataques contra activistas ocurren en el contexto de actividades empresariales. Y de acuerdo con este diario, la causa sería «la obvia discrepancia entre el desarrollo sostenible dirigido por las comunidades y los intereses del sector privado motivados por los beneficios monetarios».
Entre las áreas empresariales donde ocurren estos ataques se encuentran la minería, la construcción de infraestructuras, la energía y la explotación forestal, y la mayor parte de las víctimas son contra opositores, denuncia Open Democracy.
El fracaso a la implantación de las leyes, explican, se debe principalmente a esta captura del Estado por parte de las corporaciones, por que «a menudo las grandes empresas actúan con casi total impunidad, lo que explica el incremento de la violencia».
«No sólo no se implementan las leyes de manera adecuada, sino que, en algunos casos, la legislación nacional tampoco impone obligaciones lo suficientemente onerosas al sector privado. El lobby minero mexicano, por ejemplo, ha logrado que exista una regulación que favorece sus intereses por encima de los de las comunidades afectadas».
Además, Open Democracy considera que la lucha contra la corrupción y la desigualdad emprendida por actual Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, «es un paso en la dirección correcta, aunque el camino no será nada fácil».
«Ambos fenómenos arraigaron profundamente bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo ininterrumpidamente en el poder desde 1929 hasta el año 2000, para cederlo al conservador Partido Acción Nacional (PAN) entre el 2000 y el 2012, y luego regresar nuevamente, en un sexenio marcado por escándalos de corrupción en el gobierno federal».
MINERAS CON EPN
En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó más de 159 mil 816 hectáreas de títulos de concesión minera a particulares quienes los regalaron o vendieron a grandes empresas de Canadá, Estados Unidos y México.
First Majestic del Toro, Coeur Mexicana, GI Canoas, Consorcio Industrial Internacional GRP, Gold and Gemstone Mining de México y Sierra Madre Mine Development se hicieron de minas en Coahuila, Zacatecas, Baja California, Chihuahua y Nuevo Leóncon este formato de triangulación que les evitó el pago de los derechos de exploración y explotación al Estado mexicano.
Lo anterior se desprende de una revisión de la Unidad de Datos de SinEmbargode los movimientos de una muestra de títulos de concesión otorgado en 2013, cuando se inició la administración peñanietista. Se trata del año en que se tiene el mayor registro de concesiones del sexenio que recién expiró: mil 52 de las 3 mil 190 que se dieron (los datos están disponibles hasta septiembre de 2017), según el histórico de la Dirección General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía (SE).
Hay una constante que se observa en el flujo de títulos revisados: entre los concesionarios predominan los particulares. En 2013, de mil 52 concesiones otorgadas, 726 fueron dadas a personas. Ellos vendieron o regalaron sus títulos a empresas multinacionales o nacionales. El cambio ocurrió en años o en meses.
